ARTÍCULO 13.17: GARANTÍA DE LA INTEGRIDAD DE LAS PRÁCTICAS DE CONTRATACIÓN
1. Cada Parte asegurará que existan medidas penales, civiles o administrativas para abordar la corrupción, fraude y otros actos ilícitos en sus contrataciones públicas.
2. Estas medidas podrán incluir procedimientos para inhabilitar, suspender o declarar inelegible para participar en las contrataciones de la Parte, por un plazo establecido, a proveedores que una Parte haya determinado que se han involucrado en corrupción, fraude u otros actos ilícitos relacionados con la elegibilidad de un proveedor para participar en la contratación pública de una Parte. Cada Parte:
Podrá considerar la gravedad de los actos u omisiones del proveedor y cualquier medida correctiva o factores atenuantes en la toma de decisiones sobre la inhabilitación o suspensión, incluso al tomar una decisión sobre si reduce o amplía el plazo de inhabilitación o suspensión a petición del proveedor de conformidad con el párrafo 2(b)(ii); yProporcionará a un proveedor de la otra Parte directamente implicado en un procedimiento que aplique procedimientos adoptados o mantenidos conforme al párrafo 2:Aviso razonable de que se inició el procedimiento, incluida una descripción de la naturaleza del procedimiento, una declaración de la autoridad conforme la cual se inició el procedimiento y las razones del procedimiento, yUna oportunidad razonable para presentar hechos y argumentos que apoyen su posición; yPublicará y actualizará una lista de empresas y, sujeto a su ordenamiento jurídico, de personas físicas que hayan sido inhabilitadas, suspendidas o declaradas inelegibles.3. Cada Parte asegurará de que haya establecido políticas o procedimientos para abordar posibles conflictos de interés por parte de aquellos involucrados o que tengan influencia sobre una contratación.
4. Cada Parte también podrá establecer políticas o procedimientos, incluidas disposiciones en la documentación de la licitación, que exijan a los proveedores ganadores mantener y aplicar controles internos efectivos, ética comercial y programas de cumplimiento, teniendo en cuenta el tamaño del proveedor, particularmente PYMEs y otros factores relevantes para prevenir y detectar la corrupción, el fraude y otros actos ilícitos.